La Superintendencia de Medio Ambiente aplicó una multa de 238 millones de pesos contra una constructora por la afectación generada en el Fuerte de Corral.
Luego de dos años de proceso la SMA aplicó una multa de 403 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $238 millones, a la Sociedad de Ingeniería, Construcción y Maquinaria (Sicomaq), titular del proyecto “Obras de Protección Costera para el Fuerte Corral y Plaza de Armas”, por no aplicar medidas de resguardo ante hallazgos arqueológicos, afectando a dicho monumento histórico, en la Región de Los Ríos.
El proceso sancionatorio comenzó en 2017, tras una denuncia del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que dio origen a diversas fiscalizaciones, incluso la aplicación de medidas provisionales por parte del ente regulador ambiental. Durante dicho proceso, la constructora hizo valer su derecho a presentar un Programa de Cumplimiento, sin embargo, este no fue aceptado por la Superintendencia del Medio Ambiente, pues las medidas presentadas no cumplían con los requisitos de integridad y eficacia, que son requisitos básicos para aceptar este tipo de instrumentos.
Posteriormente, se siguió con la fase de descargos, donde se tomó en cuenta que la compañía presentó medidas correctivas, y cooperó eficazmente con el procedimiento.
Finalmente, esta Superintendencia le imputó a la constructora cuatro infracciones, tres de ellas calificadas como graves y una como leve. Entre ellas se encuentra el “hallazgo y recolección de 301 elementos arqueológicos sin haber notificado al Consejo de Monumentos Nacionales, manteniéndolos en condiciones inadecuadas. A eso se suma no aplicar medidas de resguardo del Monumento Histórico Fuerte San Sebastián, afectando el muro cortina con obras de excavación. Las otras dos infracciones se refieren al incumplimiento de medidas de carácter patrimonial sobre elementos identificados en la evaluación ambiental, y el iniciar obras sin haber tramitado previamente los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).
Tras la notificación de esta sanción, la empresa puede pagar su multa a la Tesorería General de la República, o bien, puede reclamar de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental con sede en Valdivia dentro de un plazo 15 días hábiles, en cuyo caso no será exigible el pago mientras el proceso legal no haya concluido.
Fuente: Ríoenlínea. / Foto: SMA.
