La PDI investiga a tres alcaldes en ejercicio por su presunta participación en el caso de tráfico de migrantes que posibilitó la llegada a Chile de 381 ciudadanos chinos, a través de la emisión de cartas de invitación falsas.
Según informa hoy La Tercera, se trata de los jefes comunales de Los Andes, Manuel Rivera; de Cabildo, Alberto Aliaga, y de San Felipe, Patricio Freire, quienes habrían emitido algunas de las cartas de invitación dirigidas a los ciudadanos chinos.
La investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI, y el caso está en manos del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco.
Hasta este lunes se ha formalizado a 11 personas (seis chilenos y cinco chinos) por tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho (en el caso de los funcionarios públicos), entre los que se encuentran Álex Triggo Rocco, exgobernadora de la Provincia de Choapa; Mauricio Navarro Salinas, exalcalde de Los Andes, y Álex Brito Ortiz, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Brito es indicado por la fiscalía como el líder de la organización, encargado de gestionar el ingreso ilegal de los extranjeros. “Era quien conocía a las autoridades pertinentes y quien orientaba e informaba a los demás sobre el desarrollo y avance de las gestiones”, indica la formalización realizada por el Ministerio Público.
En el caso del exgobernador Triggo, la fiscalía asegura que se encargó de gestionar las cartas “antes y después de dejar su cargo”.
Según la investigación, la posible asociación cobraba entre US$ 5 mil y US$ 10 mil por la invitación.
De acuerdo a un informe emitido por la PDI el 31 de julio de 2018, el alcalde de Cabildo emitió el 17 de mayo de 2018 una carta de invitación hacia 24 ciudadanos chinos.
En el caso del edil de San Felipe, esta fue dirigida a 18 personas, mientras que el actual alcalde de Los Andes suscribió un documento a 30 ciudadanos chinos.
De las 381 personas que ingresaron a Chile por esta vía, 178 cruzaron hacia Argentina y 203 viven en Chile. De estos últimos, 143 tienen residencia o la están tramitando, mientras 60 aún están inubicables.
Desde el gobierno anunciaron la presentación de una querella en contra de los responsables. Según la vocera Cecilia Pérez, “es un hecho de máxima gravedad, que condenamos y que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”.
CL/Aton Chile
