La nueva normativa busca combatir el comercio de objetos falsificados, robados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la labor investigativa y de fiscalización.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó este lunes la nueva ley que sanciona el comercio ilegal y la piratería intelectual, permitiendo fortalecer la fiscalización y dotando de más herramientas a las policías.
“Lo que vemos en las calles y en las plazas es solo la punta del iceberg. El comercio ilegal significa una red de crimen organizado y, muchas veces ,verdaderas mafias que tratan de saltarse todas las leyes, y eso produce un beneficio para unos pocos pero daña a la inmensa mayoría de los chilenos”, destacó el Mandatario, en la ceremonia realizada en la comuna de La Unión, región de Los Ríos, acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, los ministros del Interior (s), Juan Francisco Galli y de Hacienda (s), Alejandro Weber; la Subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; y el delegado Presidencial, César Asenjo.
La nueva normativa permitirá identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas al comercia ilegal, fortaleciendo la ley y sancionando la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.
Entre los delitos que considera el nuevo texto legal, se encuentra: la falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual; así como también de fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual.
“El comercio ilegal normalmente va asociado a la delincuencia. Donde hay concentración de comercio ilegal hay robos, hurtos, asaltos y mucha violencia y delincuencia. El comercio ilegal daña a los verdaderos comerciantes, a los emprendedores que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las reglas laborales (…) y afecta gravemente la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares”, recalcó el Jefe de Estado.
La nueva ley autoriza a las policías, inspectores municipales y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar el cumplimiento de las normas, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
El comercio ilegal, al igual como ocurre con otros delitos, como el tráfico de drogas, opera a través de asociaciones ilícitas, lo que dificulta la investigación y el acceso a pruebas judiciales. Por lo anterior, el proyecto contempla la figura de “entregas vigiladas o controladas” como procedimiento de investigación. Se trata de permitir, con autorización de un juez de garantía, que el traslado o entrega de productos sospechosos o ilícitos siga su curso, mientras es vigilado por las policías y el Ministerio Público.
“Esta es una ley que va a favorecer a todos los chilenos, pero muy especialmente a los pequeños y medianos comerciantes que sufren esta competencia desleal y a todos los que viven o transitan por lugares donde se concentra el comercio ilegal”, concluyó el Presidente Sebastián Piñera.
