El 84% de las solicitudes de libertad condicional fueron rechazadas debido a que los postulantes no cumplían con los requisitos necesarios o retiraron su solicitud debido a que estaban cerca de cumplir efectivamente su condena.
La comisión encargada de evaluar las solicitudes estuvo presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, María Soledad Piñeiro, y contó con la participación de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Héctor Hinojosa y Claudio Vicuña; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Carlos Acosta, y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Marcelo Klagges.
La decisión de rechazar o aceptar las solicitudes se basó en informes psicosociales elaborados por Gendarmería, los cuales evaluaron los factores de riesgo de reincidencia de cada solicitante.
Además, la comisión verificó que los internos hubieran cumplido efectivamente la mitad de su condena o dos tercios (dependiendo del tipo de delito), y que hubieran mantenido una conducta intachable en el establecimiento penal durante los últimos cuatro bimestres (o tres bimestres en casos de condenas menores a 541 días).
También se evaluaron el riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social. Después de analizar los antecedentes, la comisión aprobó la libertad condicional para siete internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, rechazando 42 solicitudes.
Del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, se aprobaron ocho solicitudes y se rechazaron 27. En el Complejo Penitenciario de Valdivia, se aprobaron 14 solicitudes y se rechazaron 127. Hubo 18 casos en los que no se emitió pronunciamiento.
Por último, del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, se aprobaron 13 solicitudes y se rechazaron siete. Gendarmería elabora un informe que debe adjuntarse a las solicitudes, el cual es realizado por profesionales psicosociales y tiene como objetivo orientar a la comisión sobre los factores de riesgo de reincidencia en el entorno libre del solicitante.
Este informe también incluye antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, destacando si tiene conciencia de la gravedad del delito cometido, el daño causado y su rechazo explícito a dichas conductas.
Los beneficiarios de la libertad condicional quedan bajo la supervisión de un delegado de Gendarmería, quien tiene la responsabilidad de elaborar un plan de intervención individual en un plazo de 45 días desde su designación.
Este plan debe ser suscrito por el beneficiado, comprometiéndose a cumplir las condiciones impuestas para su rehabilitación y reinserción social. La comisión puede revocar la libertad condicional si el plan no se cumple, lo que resultaría en el regreso del infractor a la cárcel para cumplir el resto de su condena.
