En el primer año de vigencia de la Ley de Aborto, los hospitales del país realizaron al menos 535 interrupciones voluntarias de embarazos, en el marco de las tres causales dispuestas: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.
Así lo dio conocer La Tercera, tras pedir vía Ley de Transparencia un balance de la implementación de la norma a los 69 hospitales públicos habilitados para estos procedimientos.
Se registraron 702 embarazos que cumplían los requisitos, cifra revela que en el 76% de los casos las gestantes decidieron interrumpir el embarazo. Con esto, los procedimientos se dividieron en 277 abortos por la primera causal, 165 por la segunda y 93 por la tercera.
Además, los hospitales informaron que 45 menores de 18 años se sometieron a un aborto. De ellos, a 32 se lo practicaron tras acreditarse que los embarazos fueron producto de violaciones, la mitad de estos a niñas de 14 años o menos.
Otros 61 casos se descartaron, luego de que el estudio clínico comprobara que no había inviabilidad fetal o riesgo materno, y en el 12% de ellos se descartó violación, por no existir un relato consistente, falta de coincidencia entre la fecha declarada para el delito y la edad gestacional o por excederse el plazo límite para el aborto (12 semanas para mayores de 14 años y 14 semanas para menores de esa edad).
También se reportaron nueve embarazos producto de violaciones que las mujeres rechazaron interrumpir.
Las cifras de este primer balance de la ley generan dudas entre los expertos. Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género del Colegio Médico, sostiene que “se ve una implementación débil. La cifra es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud (Minsal), que estimó unas 2.500 interrupciones al año. Creemos que se debe a que el foco ha estado en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a decidir. Es necesario que el Estado adquiera un mayor compromiso para que ninguna mujer quede fuera”.
Por su parte, Claudia Dides, académica de Salud Pública de la Usach, sostiene que falta capacitación en las unidades de Alto Riesgo Obstétrico y que la ley adolece de varios elementos: “No ha habido capacitación continua, no existe difusión y falta información sobre las prestaciones a las que se puede acceder. Además, en algunos hospitales no están implementados los psicólogos y trabajadores sociales, que eran parte de la ley para el acompañamiento de las mujeres”.
Dides agregó que los conflictos por la objeción de conciencia institucional, particularmente, conflictuaron la legislación. “Es un tema no resuelto, lo más probable es que termine en la Corte Iberoamericana o en la Suprema. Ahí hay una tensión y no fue una buena medida por parte del Tribunal Constitucional”, dice, aludiendo la resolución que introdujo en la ley la potestad para que centros privados rechacen hacer abortos.
Verónica Hoffmann, directora de la Fundación Chile Unido, señala que es “lamentable el número de abortos realizados a la fecha. Desconocemos si las embarazadas están siendo informadas veraz y oportunamente sobre los Programas de Acompañamiento, tal como lo señala la normativa, pues quizás cada uno de esos casos habrían sido mujeres que hubieran continuado sus embarazos”.
Para Hoffmann, una gran dificultad es la falta de acompañamiento y llamó a fortalecerlo: “Desde nuestra experiencia, en 20 años, podemos constatar que cuando se acoge a una mujer en situación de vulnerabilidad, el 82% continúa con su embarazo. Este año acompañaremos a más de 790 mujeres en el país, cuyos hijos se sumarán a los más de 5.500 niños que han nacido, que quizás no lo hubieran hecho y hoy son parte de nuestra sociedad”.
El ministro de Salud, Emilio Santelices, agregó que este primer año de la Ley de Aborto ha sido “de aprendizaje, consolidación de los equipos, con el objeto de dar un cabal cumplimiento a lo que la ley establece y una gran enseñanza para poder hacerse cargo de una nueva legislación, que da cuenta de derechos que nosotros tenemos que respetar cuando las mujeres quieren acceder a ellos”.
La autoridad admitió que no ha sido fácil: “Lo más desafiante ha sido transmitir que los equipos tienen que adquirir las competencias y capacidades para resolver en cada caso, entendiendo que tras cada uno de ellos existe un drama familiar y personal que requiere de nuestra máxima empatía con las pacientes”.
JLB/Aton Chile
