Desde ayer, jueves 3 de junio, entró en vigencia en seis regiones del país la segunda etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, cuyo principal objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales y otros delitos graves, estableciendo un nuevo trato a la infancia, a través de un marco normativo que regula la toma declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial, entre otros factores.
Las regiones de la segunda etapa en donde comenzó hoy a regir la Ley de Entrevistas Videograbadas son Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos.
Anteriormente, en octubre de 2019, había comenzado a regir en una primera etapa en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. Mientras que, la tercera y última etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2022, en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
Para celebrar la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley, se realizó una ceremonia telemática que contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; junto con el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Defensor Nacional (s), Marco Montero; la directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia de Carabineros, general Karina Soza; y el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco.
Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de implementar esta ley en nuestro país, para luego dar inicio a la inauguración de diversas Salas Especializadas en todas las regiones donde comenzó a regir la ley.
De este modo, se “cortó cintas” en las nuevas Salas Especializadas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó; de la Fiscalía Local de Coquimbo; de la Fiscalía Local de Chillán; del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles; de la Fiscalía Local de Temuco, y de la PDI de Valdivia.
Al respecto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “cuando se produce un ataque sexual contra un niño, niña o adolescente, en los procesos judiciales anteriores a esta ley, la víctima debía entregar múltiples testimonios a la justicia, provocándose un grave daño producto de la victimización secundaria que supone recordar los hechos una y otra vez. Pero ahora, con la Entrevista Videograbada, el sistema da un paso adelante en el sentido de que se reduce el número de testimonios al mínimo, y estos son realizados en lugares adecuados, con gente especializada para realizar la diligencia, debidamente acreditada“.
El Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo que “la ley 21.057 consagra, en materia judicial, el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes garantizando, además, la mínima intervención de las víctimas ante el sistema judicial, buscando reducir así los efectos de la victimización secundaria. En el marco de un esfuerzo colaborativo interinstitucional, el Poder Judicial ha tenido un compromiso consistente con esta ley, a través de la implementación de una red de salas especiales en los tribunales de competencia penal y la formación de 197 jueces, juezas y ministros en el curso básico y 27 magistrados preparados para acreditarse como intermediarios para declaración judicial”.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, agregó que “la justicia debe ser capaz de adaptar sus procedimientos a las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes, de manera de resguardar sus derechos y asegurarles su adecuada participación en el proceso penal, cuando son víctimas de delitos graves. A eso apunta la Ley 21.057, que en su primera etapa ha permitido a la Fiscalía decretar la realización de 2.345 entrevistas videograbadas, las que han involucrado a 4.619 víctimas. Nuestro convencimiento es que la gestión y el trabajo conjunto con todas las instituciones que participan en la ejecución de esta ley nos permitirá alcanzar resultados acordes con los estándares que espera la ciudadanía”.
Por su parte, el Defensor Nacional (s), Marco Montero, dijo que “como DPP valoramos la implementación de esta nueva etapa de una iniciativa que busca cautelar y resguardar de manera más efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de igual manera como debe ser el respeto y resguardo de los derechos y garantías de todos los demás intervinientes”.
El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, añadió que “como Institución expresamos nuestro compromiso constante con esta segunda etapa, a través de la formación y capacitación de 70 entrevistadores e intermediadores judiciales especializados técnicamente en entrevistas videograbadas, así como también 65 operadores de sala. Este es un paso fundamental como Estado, para evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos y donde Carabineros de Chile, cumple un importante rol para su protección, desde la toma denuncia. Es por ello, que entregamos todos nuestros conocimientos, habilidades y aptitudes como Institución para dar estricto cumplimiento a la Ley”.
El Prefecto Inspector de la PDI, Juan Carlos Carrasco, Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, enfatizó que “desde la Policía de Investigaciones de Chile reconocemos y valoramos profundamente el verdadero cambio que implica la incorporación de la entrevista investigativa videograbada por medio de la implementación de la Ley 21.057. Este protocolo viene a reafirmar y permite además generar condiciones adecuadas para recoger el testimonio de las víctimas, niños, niñas y adolescentes, obteniendo una información de calidad, contribuyendo de manera significativa el proceso investigativo y lo más importante evitando la victimización secundaria. Asumimos este desafío inter-institucional con el profesionalismo y compromiso que la protección de la infancia requiere, a través de la capacitación de entrevistadores y entrevistadoras formadas mediante altos estándares y además supervisando de manera constante, nuestros procesos, y procurando siempre un trato óptimo de las víctimas y sus familiares”.
Sobre la ley
La Ley de Entrevistas Videograbadas crea un nuevo marco normativo para denunciar, investigar y juzgar los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Ellos, antes de esta legislación, debían repetir en múltiples ocasiones sus testimonios durante todo el proceso judicial, frente a personal no especializado y en lugares poco adecuados, causándoles daños adicionales al que ya sufrieron como víctimas de delitos graves.
Es así como esta nueva ley crea la figura de los “entrevistadores” y los “intermediadores”, quienes son personas acreditadas y especializadas, que están a cargo de desarrollar las entrevistas videograbadas con los niños, niñas y adolescentes durante la investigación penal y durante el juicio oral, respectivamente. Además, la nueva ley permitió la creación de “Salas Especiales” en los tribunales, la fiscalía y las policías, donde se desarrollan estas diligencias, en un ambiente acogedor y adecuado.
De este modo, en las regiones de la segunda etapa, está contemplado que haya un total de 140 entrevistadores e intermediadores acreditados, cifra que puede crecer durante su implementación. Asimismo, se contempla la apertura de 83 Salas Especiales en las instituciones que forman parte del proceso.
Desde el 3 de octubre de 2019, momento en que comenzó a regir la primera etapa de esta ley, se han recibido 5.726 denuncias y se han realizado 2.345 entrevistas investigativas videograbadas, en las regiones donde ya opera esta normativa legal.
