El flujo migratorio ilegal ha significado un dolor de cabeza para la seguridad en Chile.
Chile ha sido uno de los países más afectados por la explosión migratoria de personas que huyen de dictaduras como Venezuela. Sólo en 2022, según el informe de Perspectivas de la Migración Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país se ubica como uno de las naciones donde más ha aumentado la población nacida en el extranjero junto con Islandia y Luxemburgo.
A esto se suman los datos revelados por la Policía de Investigaciones (PDI) que afirman que en 2022 el ingreso irregular por pasos no habilitados lo lideraron ciudadanos de países como Venezuela (38.066), Bolivia (5.060), Colombia (3.694) y Haití (1.310).
Los chilenos valoramos la inmigración de miles de personas que han venido a aportar al país con su conocimiento, trabajo y compromiso con el desarrollo de Chile.
Pero el ingreso irregular ha significado un desafío para la seguridad de los chilenos.
En marzo de este año, el Poder Judicial reveló que los extranjeros formalizados por asesinatos aumentaron un 270%, siendo las regiones Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta las más afectadas.
El artículo 16.4b de la nueva Constitución viene a solucionar esta problemática: establece la expulsión automática y en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen de forma irregular por “pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”.
