La instalación de inhibidores de señal celular en la cárcel de Valdivia, una medida que busca frenar las comunicaciones ilícitas de internos con el exterior, continúa en proceso de tramitación. Aunque el Gobierno no ha entregado una fecha específica para su implementación, argumenta que mantener esta información en reserva es necesario por razones de seguridad.
En los primeros meses de 2023, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de estos inhibidores en las principales cárceles del país, comenzando en la región Metropolitana, con un plan de expansión hacia otros recintos penales bajo la misma concesión, incluyendo Valdivia y Puerto Montt, de acuerdo a lo reseñado por Biobiochile.
Esta tecnología busca bloquear las señales de comunicación de los internos para prevenir delitos de estafas telefónicas y la coordinación de actividades ilícitas lideradas por bandas criminales, a pesar de que sus líderes se encuentran privados de libertad.
No obstante, a la fecha, la instalación de estos inhibidores aún no se ha materializado en el penal de Valdivia, situación que genera preocupación entre quienes esperaban la implementación de la medida como una forma de reforzar la seguridad en la región.
En respuesta a la inquietud ciudadana, el seremi de Justicia de Los Ríos, Jorge Ríos, indicó a medios locales que el Ministerio de Justicia, en conjunto con Gendarmería, está realizando los trámites necesarios para avanzar con la iniciativa. “Por razones de seguridad, la puesta en marcha se informará a su debido tiempo”, declaró el seremi, sin precisar un plazo.
El proceso actualmente se encuentra en etapa de licitación, y se espera que, tras el análisis y adjudicación de las ofertas presentadas, se avance en la instalación de los inhibidores de señal en el recinto de Valdivia. En una entrevista anterior, Ríos había asegurado que, aunque no se contaba con una fecha exacta, la implementación estaba garantizada como parte de una política nacional de control en los centros penitenciarios.
La instalación de estos dispositivos representa un paso clave en la estrategia de seguridad del Gobierno para reducir la incidencia de delitos coordinados desde las cárceles y mejorar el control de las comunicaciones en el interior de los recintos penales.
