La Municipalidad de Valdivia ofició formalmente a la Contraloría General de la República luego de conocerse un informe que reveló la contratación de personas con prohibición legal para desempeñar funciones con niños, niñas y adolescentes.
El objetivo es determinar cuántos y quiénes serían los involucrados a nivel local, luego de que Valdivia —junto a Mariquina, Lago Ranco y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP)— aparecieran mencionados en la revisión del órgano fiscalizador.
Hallazgo nacional preocupa a autoridades
Según información publicada por Radio Bío Bío, entre 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos en todo el país.
Se trata de funcionarios que ingresaron a instituciones estatales pese a mantener prohibiciones judiciales vigentes que les impedían ocupar cargos relacionados con menores de edad.
Municipio pide claridad y antecedentes
El administrador municipal de Valdivia, Cristian Oñate, explicó la acción tomada por el gobierno comunal, señalando, a través de Radio Bío Bío, que “la información que poseemos es la misma que se dio a conocer a la opinión pública, por lo que oficiamos a Contraloría para conocer en detalle los hechos”.
Oñate agregó que “en este caso, para el año 2024, en el segundo semestre, cuando el municipio todavía administraba el área de educación municipal, la alcaldesa Carla Amtmann tomó conocimiento de esta situación en septiembre, y en ese mismo período de tiempo solicitó e instruyó al DAEM proceder a iniciar el procedimiento disciplinario respectivamente”.
Desde el municipio confirmaron que están recopilando antecedentes adicionales para determinar las acciones tomadas por el DAEM antes del traspaso de la educación pública al SLEP.
Reacción de otras comunas involucradas
El caso no solo involucra a Valdivia. El alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza, informó que también solicitaron formalmente antecedentes a Contraloría y ordenaron revisar los registros de todos los funcionarios municipales.
Medidas instruidas y respuesta del SLEP
Contraloría exige desvinculaciones inmediatas
El informe del organismo contralor establece que todas las instituciones afectadas deben aplicar el término inmediato de contrato de cualquier funcionario que presente inhabilidad judicial vigente.
SLEP entrega su versión
Consultado por Diario de Valdivia, el Servicio Local de Educación Pública informó que recibió la notificación oficial el 8 de enero de 2026, confirmando la detección de un caso.
“El SLEP Valdivia informa que (…) el Servicio recibe la información por parte de la CGR respecto del señalado informe, sobre la eventual existencia de un funcionario de un establecimiento educacional inhabilitado para trabajar con menores”.
El organismo añadió que la situación fue gestionada oportunamente: “Ante estos antecedentes, se verificó la identidad de esta persona por las unidades correspondientes, dando cuenta que, con fecha abril 2025, este Servicio Local instruyó un proceso administrativo disciplinario (…) y se procedió a la destitución del funcionario aludido”.
Finalmente, aclararon que el trabajador involucrado nunca ejerció funciones dentro de establecimientos bajo su administración tras el traspaso educativo.
El SLEP cerró su declaración reiterando que “reafirma su permanente compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y con su protección de la comunidad educativa”.
