En julio de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó un informe en el que afirma que Chile está incumpliendo normas internacionales respecto al trato de personas privadas de libertad. Se denuncia hacinamiento en celdas, falta de atención médica adecuada, y la situación de internos con enfermedades graves, entre ellas cáncer, que no reciben cuidado conforme a estándares mínimos.
El informe puntualiza que hay reclusos que duermen en espacios reducidos —muchas veces ocho camas en una misma celda— lo que, combinándose con malos sistemas de ventilación, iluminación y condiciones sanitarias deficientes, incrementa el riesgo de enfermedades, brotes y mortandad. Además, se constata que los ancianos internos no cuentan con protocolos especiales para atender sus necesidades específicas.
Autoridades del Senado han sostenido que la situación se arrastra de múltiples administraciones, y que los recursos destinados al sistema penitenciario no han sido suficientes para modernizar infraestructura ni para contratar personal especializado. Se destaca también la falta de coordinación entre Salud, Justicia y Servicios Penitenciarios para atender enfermedades crónicas.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, se plantean medidas como visitas regulares para supervisión de derechos, integración de estándares de derechos humanos en todos los recintos penitenciarios, y una revisión integral de normativas nacionales que puedan estar en desuso o poco aplicadas.También se señala la necesidad de transparencia, con informes públicos frecuentes que permitan fiscalización ciudadana.
Los defensores de los derechos humanos advierten que si bien los diagnósticos no son nuevos, la urgencia ahora reside en que estas recomendaciones se transformen en acciones concretas, con asignación presupuestaria clara, plazos definidos, y responsabilidad institucional, no solo discursos.
En síntesis, la Comisión del Senado ha puesto en evidencia una crisis vigente en el sistema penitenciario chileno que afecta directamente la dignidad humana, donde no se respetan estándares básicos para reclusos, especialmente los más vulnerables. Para avanzar se requiere voluntad política sostenida, recursos reales y seguimiento ciudadano que impida que estas denuncias queden en meras recomendaciones.
